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En esta columna, la autora analiza el caso de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, como un ejemplo de las tensiones entre discurso político y responsabilidad pública. Examina cómo la narrativa de “ingenuidad” contrasta con las obligaciones institucionales de quien encabeza un gobierno estatal. Señala que la gestión de crisis, la rendición de cuentas y la coherencia entre hechos y mensajes son elementos centrales para evaluar liderazgo político. La autora advierte que la priorización de intereses personales sobre los públicos erosiona la credibilidad gubernamental. Y plantea que este episodio refleja un problema más amplio de gobernanza y captura institucional en la política local.